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Repasando Facebook me he topado con la convocatoria de los “Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales” que convoca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es la novena edición de unos premios que son un referente importante en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, pero apenas conocido por el resto de los ciudadanos.
Estos premios reconocen la innovación llevada cabo por lasmujeres rurales, particularmente en el ámbito de la actividad agraria, para la diversificación de actividades económicas en el medio rural y en la comunicación. Al igual los premios»Alimentos de España», no tienen retribucióneconómica alguna, se trata simplemente un reconocimiento oficial, que llega hasta donde buenamente llega.
Pero bienvenidos seanestos premios si contribuyen a dar visibilidad al importantísimo papel de las mujeres en el medio rural, porque precisamente es uno de los principales problemas a los que se enfrentan. Si una mujer quiere implicarse o pelear en temas de de educación y cultura no hay ningún problema, pero la cosa cambia si quieren dedican profesionalmente a la agricultura.
Aún hoy cuesta que se reconozca el trabajo de las mujeres como agricultoras o ganaderas activas profesionales; aunque en su día a díamanejen tractores o ganado en una explotación en la que su marido, es considerado legalmente el único titular y gestor,ellas están allí simplemente como «ayuda familiar».
Para revertir esa situación se aprobó la Ley 35/2011sobreTitularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, cuyo objetivo es «promover que las mujeres del mundo rural, particularmente las trabajadoras del sector agrario, gocen de una igualdad de derechos efectiva respecto de los hombres». Esta titularidad compartida supone nada menos que ambos miembros compartan la gestión y responsabilidad de la explotación, el repartode los rendimientos al 50%, que ambos titulares puedan ser beneficiarios directos de ayudas y subvenciones destinadas a la explotación y por último, quizás lo más importante, es que ambos miembros puedan cotizar en la Seguridad Social.
Pues bien, esta modalidad de titularidad compartida, que a muchos de nosotros puede parecernos algo de sentido común, justo y esperable, a día de hoy apenas se ha llevado a la práctica. Tras siete años de vigencia, tan solo 437 explotaciones agrarias se han acogido a esta figura, apenas un 0.05 % de las explotaciones en manos de personas físicas. Unos datos muy pobres, sobre todo considerando que en España según los últimos datos estadísticos, un 72% de las explotaciones son familiares.
Las razones que explican tal fracaso son variadas: el exceso de burocracia, la falta de asesoramiento y desconocimiento de la propia ley (incluso por los funcionarios encargados de aplicarla) así como la reticencia de los propios agricultores a legalizar el trabajo ‘en negro’ de la mujer, debido en parte a la baja rentabilidad del sector primario.
Y es que las mujeres agricultoras o ganaderas sufren una doble discriminación, por su género y por trabajar en el campo. El oficio de agricultor o ganadero y las dificultades que atraviesa el medio rural implican una serie de obstáculos para las mujeres que quieren ganarse la vida en un entorno tremendamente masculinizado, en el que apenas tienen oportunidades laborales (la tasa de desempleo de las mujeres rurales es más de siete puntos superior a la tasa media nacional), tampoco tienen voz en los órganos de toma de decisiones como pueden ser las comunidades de montes o de regantes, o en las cooperativasagropecuarias (en sus consejos rectores solo el 3,5% de sus integrantes son mujeres, a pesar de que representen el 25% de su base social).Debido a la situación de aislamiento y falta de servicios básicos en el medio rural, tienen además más difícil aún el emprendimiento.
Considerando el grave problema de despoblación rural al que se enfrenta España y que la presencia de la mujer es vital en la supervivencia de muchas localidades, urge tomarse este asunto no sólo como de justicia de género sino de interés general.
Redacción: Caridad Calero
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