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A todos nos gusta tener las espaldas cubiertas, y saber que no estamos solos/no se acaba el mundo en caso de accidente. Raro es quien no tenga al menos un seguro de hogar, de vida o del coche o la moto, (aunque de ese no queda más remedio). ¿Quién no ha contratado alguna vez un seguro de viaje por si las moscas?, ¿o un seguro de responsabilidad civil para el perro?.
Muchos profesionales también tienen sus seguros específicos en caso de que falle aquello que les proporciona su medio de vida: una modelo o actriz que asegura su rostro, un futbolista sus piernas, o un cantante su voz…Por otra parte médicos, arquitectos e incluso detectives privados (entre una larga lista de profesiones) también los contratan por si causaran algún daño en el desempeño de su trabajo; que al fin y al cabo todos somos humanos.
A la sociedad actual no nos gusta nada la incertidumbre, pero tenemos que lidiar con ella. Y los seguros se hacen cargo de la necesidad de protegernos frente a imprevistos de todo tipo, especialmente aquellos cuyas consecuencias no podemos superar de manera individual.
Sin embargo existe una actividad económica especialmente sujeta a la incertidumbre: la que llevan a cabo agricultores y ganaderos, casi siempre en íntimo contacto con la naturaleza y por tanto expuesta a fenómenos meteorológicos que demasiado a menudo escapan de su control; algo que además se está intensificando con el cambio climático.
Los agricultores y ganaderos, que también son otro grupo profesional, tienen que proteger su negocio frente a sequías, inundaciones; heladas, olas de calor o fuertes granizadas, por citar los fenómenos climáticos más frecuentes que pueden echar por tierra el esfuerzo de todo un año de trabajo.
Con este objetivo se crearon en 1978 los Seguros Agrarios, un sistema que podríamos calificar con orgullo como de «Marca España», ya que nuestro país tiene el sistema de seguros agrarios combinados mejor diseñado y con mejor desarrollo de los países de nuestro entorno. Se trata de un sistema que combina la iniciativa privada con la pública. La primera, en defensa de sus intereses, solo atendería a clientes de bajo riesgo o con riesgos muy específicos, mientras que el Estado, buscando el bien común, intentaría proteger a todos de todo, algo difícilmente rentable. Al unir ambas se consigue universalizar la protección pero repartiendo el riesgo, para que el sistema sea sostenible desde el punto de vista económico. La iniciativa privada la representa Agroseguro, que une a las veinte entidades que gestionan actualmente los seguros a los agricultores. La iniciativa pública la representan ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios) y las Comunidades Autónomas, que aportan los recursos técnicos y económicos para compensar la parte que a las entidades privadas no les interesa asegurar. En otras palabras, da al agricultor una “ayudita” económica para que se anime a contratar un seguro.
Se crea de esta manera un sistema de protección universal que permite asegurar casi todas las producciones agrícolas y forestales – actualmente hay 28 líneas de seguro – y las ganaderas, que disponen de 18 líneas que cubren a las principales especies e incluyen la apicultura y las producciones acuícolas.
Es el agricultor o el ganadero el que decide si lo contrata o no, ya que no deja de suponer un gasto más, y que todavía este sistema tiene que mejorar en algunos aspectos a pesar de sus cuarenta años de vida. Haga lo que haga, al menos puede disponer de una importante herramienta que contribuye a garantizar la estabilidad de su negocio. Algo imprescindible para el futuro de su profesión, y por extensión del mundo rural.
Redacción: Caridad Calero